En Chile, mujeres embarazadas por estupro aún no tienen derecho a un aborto legal y seguro

Tramita en el Congreso chileno desde el 31 de enero de este año el Proyecto de Ley que regula la descriminalización del aborto en el país en algunos casos. Propuesto por la presidenta Michelle Bachelet, el Boletín 9895-11 prevé la interrupción del embarazo en tres situaciones: cuando hubiera riesgo de vida para la gestante, cuando el feto padezca de mala formación incompatible con la vida extrauterina, o cuando el embarazo sea resultado de violación sexual. Datos del gobierno revelan que, de 2001 a 2012, ocurrieron más de 395 mil casos de aborto en el país, el equivalente a 33.000 mujeres internadas por año en hospitales debido a complicaciones relacionadas con la interrupción del embarazo. Organizaciones de derechos humanos esperan que avance la materia en el Parlamento.

El Proyecto ya fue aprobado por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, con ocho votos a favor y cinco en contra. Sin embargo, se realizaron modificaciones en el texto, que debe aún continuar para su discusión en el plenario de la Cámara y la posterior evaluación de parte del Senado.

Para Fernanda Doz Costa, investigadora de Amnistía Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en las Américas, Chile debe alejarse definitivamente de esa prohibición. “La evidencia es clara en el sentido de que la prohibición del aborto en todas las circunstancias no impide que los abortos ocurran. Todo lo que se consigue es forzar a las mujeres y niñas, particularmente aquellas con pocos recursos, a buscar tratamientos ilegales y peligrosos, que ponen en riesgo sus vidas. Aunque limitada, la ley que está actualmente en discusión puede convertirse en un importante primer paso en la dirección correcta”.

En agosto de este año, la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) realizó un encuentro sobre los derechos sexuales y reproductivos en Chile, con debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo en el país. Las actividades ocurrieron en Valparaíso, organizadas en conjunto por las oficinas del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), por la Organización Panamericana de la Salud en Chile (OPS/OMS) y por la organización no gubernamental Miles Chile.

Números

En la presentación del Proyecto de Ley, Michelle Bachelet defendió que la dignidad de las mujeres es un atributo inviolable y debe ser respetada y protegida. Ella citó datos de 1960, cuando la mortalidad materna giraba en torno de 299 casos por cada 100 mil nacidos vivos, de los cuales más de un tercio era consecuencia de abortos clandestinos. “El 20% de las camas obstétricas estaban ocupadas por mujeres con abortos complicados. El grupo más vulnerable eran mujeres de bajo nivel socioeconómico, con tres hijos o más”, se dice en el documento.

Según la presidenta, existe una realidad que no se puede ignorar. En promedio, cada año se internan 16.510 mujeres con gestación de menos de 22 semanas, en las cuales hay complicaciones de salud, como embarazo ectópico (tubario) o mola hidatiforme (exceso de desarrollo de la placenta y poco o ningún tejido embrionario). Se estima también que el número de muertes neonatales por mala formación ronda los 500 por año, en Chile. En relación con los casos de embarazo resultantes de delitos sexuales, no hay estadísticas oficiales, pero de acuerdo con el mensaje de la presidente del país, ocurren en el 10% de los casos de violación.

Chile todavía es uno de los pocos países de América Latina donde el aborto está prohibido, incluso si fuera espontáneo, o sea, aquel que ocurre en forma involuntaria hasta la 12ª semana de gestación. La legislación antiaborto fue implementada en el país en 1989, durante la etapa final del régimen dictatorial de Augusto Pinochet. El Código Penal chileno establece penas de prisión para la mujer que aborta, aumentando la pena en el caso de aborto intencional. Según el Código, los profesionales de salud también están obligados a denunciar a la mujer en caso que observen la ocurrencia de un aborto.

El primer proyecto que manifestó preocupación con la cuestión del aborto en Chile fue presentado en septiembre de 1991, por la diputada Adriana Muñoz y por los diputados Armando Arancibia, Carlos Smok, Juan Pablo Letelier y Carlos Montes (Boletín N° 499-07). Desde entonces, las discusiones sobre descriminalización vienen ocurriendo sin mucho aliento, hasta el Proyecto de Ley de la presidenta.

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Según datos del gobierno, en Chile desde 2001 a 2012, hubo más de 395 mil casos de aborto, el equivalente a 33.000 mujeres internadas por año, como consecuencia del aborto. De éstos, 3.600 corresponden a jóvenes entre 10 y 19 años.

Según el informe de Amnistía Internacional –”Chile no protege a las mujeres: la criminalización del aborto viola los derechos humanos”–, en 2014, en el país, 174 personas fueron investigadas judicialmente por “aborto consentido”; de éstas, 113 eran mujeres. Hasta abril de este año, la Fiscalía de Chile ya había condenado a ocho personas por el delito de aborto. Otro número preocupante es que, cada día en el país, 17 mujeres son violentadas y 34 son abusadas sexualmente, de las cuales el 75% son menores de edad. Los datos son de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional. Esta realidad enfrentada por niñas y adolescentes, cuando termina en embarazo, acarrea todavía más sufrimiento a las víctimas, por verse forzadas a continuaren la gestación.

De los 33 mil abortos anuales revelados por Michelle Bachelet, 3.600 corresponden a jóvenes entre 10 y 19 años, de acuerdo con el Ministerio de Salud. El informe de Amnistía puntualiza que el número de abortos puede ser todavía mayor, en torno de 60 mil a 70 mil por año. Algunos estudios estiman la cifra de 160mil abortos por año.

CHILE NO PROTEGE A LAS MUJERES: LA CRIMINALIZACIÓN DEL ABORTO VIOLA LOS DDHH

En el informe, Amnistía divulga las declaraciones de mujeres que vivieron un embarazo inviable por el riesgo sobre la propia salud, por mala formación del feto o inclusive como resultado de una violación. Ellas relatan el estigma y la discriminación con que deben convivir. De 20 casos identificados, solamente cinco aceptaron a dar su testimonio, bajo anonimato.

Es el caso de “Tania” (nombre ficticio), que abortó clandestinamente para salvar su propia vida. “Ellos nunca me vieron como una persona, como un ser integral. A mí me vieron como una incubadora, alguien que puede traer hijos a este mundo. Y después no importa si yo lo voy a criar o no, si me voy a morir, si va a pasar hambre, a ellos no les importa. Ellos nos ven como incubadoras. Como aparatos, como aparatos reproductivos”.

En el informe se señala que, para avanzar hacia una protección mayor para las mujeres chilenas, la legislación debe garantizar, entre algunas medidas, el acceso al servicio de aborto legalizado y seguro para todas las mujeres y niñas, sin discriminación, en las tres situaciones previstas en el Proyecto de Ley. También el acceso a servicios de salud adecuados, cuando la complicación tuviera como causa un aborto, dentro de la legalidad o no, y sin que el profesional de salud denuncie el caso.

Amnistía Internacional pide al gobierno chileno que cambie la legislación sobre el aborto. Vea como participar en la campaña.

El Salvador – #Las17#

El Salvador es otra nación de América Latina con una de las más restrictas legislaciones en relación con el aborto. Según investigaciones, en el país centroamericano más de 200 mujeres fueron denunciadas a la policía entre 2000 y 2011, de las cuales 129 fueron juzgadas y 49 condenadas – 26 por homicidio (con penas de 12 a 35 años) y 23 por aborto.

Un caso emblemático para las salvadoreñas son las 17 mujeres presas (#Las17#), entre 1999 y 2011, por abortos espontáneos. Algunas fueron condenadas a más de 40 años de prisión, inclusive acusadas de homicidio grave. Carmen Guadalupe Vásquez Aldana es una de estas 17 mujeres. Ella tenía sólo 18 años, en 2008, cuando quedó embarazada, después de un estupro. Llevada al hospital, en San Salvador, debido a un aborto espontáneo, Carmen fue acusada por los médicos de interrumpir intencionalmente la gestación. Condenada a 30 años de detención, ella fue liberada a comienzos de 2015, después de cumplir siete años en la prisión

Fuente: http://site.adital.com.br/site/noticia.php?lang=ES&cod=86854

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